Una fiscalización ambiental eficiente tiene como base una buena certificación ambiental. La certificación ambiental implica el pronunciamiento de la autoridad administrativa competente sobre la viabilidad ambiental de un proyecto, como es la aprobación de un instrumento de gestión ambiental (en adelante, IGA) preventivo —por ejemplo, un estudio de impacto ambiental detallado, en aplicación del principio de prevención del derecho ambiental.