La competencia puede ser definida como la titularidad sobre una serie de potestades públicas respecto de unas materias, servicios o fines públicos determinados; es decir, la capacidad que corresponde a cada órgano de un ente público para decidir o actuar respecto de una serie de materias que le son atribuidas para su gestión. Para efectos prácticos, las competencias ambientales pueden ser divididas en dos grandes grupos fundamentales, repartidos en los diferentes estamentos del Gobierno Central, Regional y Local. De un lado, se tienen las facultades incursas en la definición de la política ambiental, en la regulación normativa e interpretación de los alcances de las disposiciones con contenidos ambientales; de otro lado se tienen las facultades de supervisión, fiscalización y sanción.