Capítulo I

Contexto Internacional

 

 

Este capítulo desarrolla, en principio, un panorama general del contexto internacional, mencionando la problemática existente con relación a la biodiversidad, funciones ecosistémicas y sus servicios, demanda de recursos, contaminación y cambio climático, entre otros. De igual manera, resalta aquellos factores que ayudan a frenar la degradación y el agotamiento de los recursos naturales con miras a mejorar la calidad ambiental.

Trata, además, sobre la importancia de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como la “gran respuesta global”; por ello, a lo largo del presente informe se irán mostrando los avances y esfuerzos del Perú frente al compromiso asumido de buscar la reducción de las desigualdades y la lucha contra los efectos adversos del cambio climático en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Finalmente, se mencionan los principales compromisos internacionales en los que el Perú participa activamente, firmados antes de 2014 y que se encuentran vigentes después de 2019, señalando su finalidad, alcances e implementación.

1.1. Panorama general

1.1. Panorama general

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en su sexto informe Perspectivas del Medio Ambiente Mundial[1], muestra que un ambiente saludable es la mejor base para la prosperidad económica, la salud y el bienestar de las personas. Por ello, es importante generar condiciones de un uso responsable de los recursos naturales promoviendo el desarrollo sostenible, así como oportunidades de prosperidad y bienestar que preserven o recuperen la integridad de los ecosistemas.

Sin embargo, es necesario mencionar que el comportamiento humano ha tenido diversos efectos en la biodiversidad, la atmósfera, los océanos, el agua y la tierra (figura 1.0). Esa afectación del ambiente, que va de grave a irreversible, ha tenido una repercusión negativa en la salud humana. La contaminación atmosférica ha ejercido el mayor impacto negativo, seguida por la degradación del agua, la biodiversidad, los océanos y el ambiente terrestre.

En lo que corresponde a la situación del ambiente en el mundo pueden mencionarse algunos aspectos[2]:

[…]

Aire: la contaminación del aire es el principal factor ambiental que contribuye a la carga mundial de morbilidad: ocasiona entre seis y siete millones de muertes prematuras.

[…]

Las personas ancianas, las muy jóvenes, las enfermas y las pobres son más susceptibles a los efectos de la contaminación atmosférica.

[…]

En todo el mundo han aumentado las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero y se han incrementado los efectos en el clima, incluso cuando se han llevado a cabo actividades de mitigación en muchas partes del mundo.

Figura 1.0. Relación entre la salud del planeta y la salud de los seres humanos

Nota: La figura muestra el grado de repercusión de la actividad humana en la salud del planeta (desde la buena salud hasta el daño irreversible), así como el modo en que la salud del planeta repercute en la salud humana (desde el nivel de daño bajo hasta el nivel alto), para el período comprendido entre 2030 y 2050. Algunas repercusiones en el medio ambiente y en la salud pueden ser remediables a corto o a largo plazo, pero el impacto ambiental “irreversible” solo puede remediarse a muy largo plazo o puede no tener remedio.

Fuente: PNUMA. (2019b).

[…]

Agua dulce: en todo el mundo, la agricultura utiliza en promedio el 70 % de los recursos de agua dulce; en muchos de los países más pobres, esa cifra llega al 90 %.

[…]

La calidad del agua ha empeorado significativamente desde 1990, debido a la contaminación orgánica y química ocasionada por, entre otros, agentes patógenos, fertilizantes, plaguicidas, sedimentos, metales pesados, desechos plásticos y microplásticos, contaminantes orgánicos persistentes y salinidad.

En contraste,

[…]

1500 millones de personas obtuvieron acceso a servicios básicos de agua potable durante el periodo 2000-2015.

[…]

Océanos y costas: los principales factores impulsores del cambio que afectan a los océanos y las costas son el calentamiento y la acidificación de los océanos, la contaminación marina y el uso creciente de los océanos, las costas, los deltas y las cuencas para la producción de alimentos, el transporte, los asentamientos, la recreación, la extracción de recursos y la producción de energía.

[…]

Hoy en día la basura marina, compuesta entre otras cosas de plásticos y microplásticos, abundan en todos los océanos, y en todas las profundidades.

[…]

Suelo y tierra: la producción de alimentos es el mayor uso antropogénico de la tierra, pues utiliza el 50 % de la tierra habitable.

[…]

La deforestación se ha ralentizado, pero sigue avanzando en todo el mundo. Además, aunque muchos países están adoptando medidas para incrementar su cubierta forestal, ello se está logrando principalmente por medio de plantaciones y de la reforestación.

[…]

La degradación de las tierras y la desertificación han aumentado; […]las tierras con mayor peligro de degradación abarcan aproximadamente el 29 % de las tierras de todo el mundo, donde habitan 3200 millones de personas.

[…]

Diversidad biológica: se está desencadenando un importante proceso de extinción de especies que pone en peligro la integridad planetaria y la capacidad de la tierra para satisfacer las necesidades humanas.

[…]

La diversidad genética está disminuyendo, lo que plantea una amenaza para la seguridad alimentaria y la resiliencia de los ecosistemas, incluidos los sistemas agrícolas.

[…]

Las poblaciones de especies están disminuyendo y las tasas de extinción de especies están aumentando. En la actualidad, se considera que el 42 % de los invertebrados terrestres, el 34 % de los invertebrados de agua dulce y el 25 % de los invertebrados marinos están en riesgo de extinción.

1.2. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS

1.2. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS

Además de los aspectos mencionados en el numeral precedente, existen otros de carácter transversal; por tal motivo, resulta necesario conocer las fuerzas impulsoras y presiones de los cambios ambientales, su estado e impacto, con el fin de formular políticas de desarrollo sostenible efectivas y sistemas de gobernanza para la implementación de una agenda de acción global basada en objetivos y metas. Es de esta manera que, en el año 2015, los Estados Miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas suscribieron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una hoja de ruta que guiaría el trabajo de 193 países miembros, entre los que se encuentra el Perú (PUCP, 2018), en el deseo colectivo de alcanzar la sostenibilidad social, económica y ambiental.

Figura 1.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: PNUMA. (2020).

Según señala la PUCP (2018):

De manera concreta, lo que plantea esta agenda son 17 ODS, cada uno con metas específicas para el año 2030. Los ODS reemplazan a los antiguos Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) del año 2000, los cuales estaban limitados a ciertos temas y dirigidos principalmente a las acciones que podrían adoptar los países en desarrollo. Los ODS resultan un avance al respecto, dado que tienen como centro mejorar la calidad de vida y se dirigen a todos los países del mundo.

En el marco de la Agenda 2030 y los ODS se identificaron veintiséis indicadores vinculados con el ambiente y de los cuales el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) tiene el rol de agencia custodia[3]. En general, en el marco de indicadores de los ODS se pueden identificar 94 indicadores que tienen una relación directa o indirecta con el medio ambiente.

De acuerdo con el sexto informe, Perspectivas del medio ambiente mundial (PNUMA, 2019a):

[…] se prevé una mejora de los indicadores relativos al desarrollo humano, pero las tendencias no son suficientes para cumplir las metas correspondientes.

[…] el mundo no logrará la dimensión ambiental de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ni las metas ambientales convenidas internacionalmente para 2050. Ahora es necesario adoptar medidas urgentes para invertir esas tendencias y restaurar la salud ambiental y humana en el planeta.

A continuación, se presentan las proyecciones de tendencias mundiales.

Figura 1.2. Proyecciones de las tendencias mundiales en el logro de determinadas metas de los ODS y los objetivos ambientales convenidos internacionalmente

Nota: Muchas de las metas de los ODS o los objetivos ambientales convenidos a escala internacional son de alcance más amplio que el indicado en la figura precedente, en la que solo se evalúan determinadas metas o elementos de estas. Los iconos que se muestran indican el ODS conexo. Las tendencias se basan en una evaluación de proyecciones en las que “todo sigue igual” recogidas en estudios de hipótesis. Respecto de varios elementos de las metas, numerosos estudios confirman las tendencias {Objetivo 13, metas 2.1, 3.2, 7.1, 6.4, 13, 14.3, 15.5}, mientras que, en otros casos, solo se dispuso de estudios de hipótesis limitados. (Metas 6.1, 6.2, 6.3, 14.1, 14.4, 15.2, cuadro 21.2)

Fuente: PNUMA. (2019b).

Frente a este compromiso asumido por el Perú, se están dedicando esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra los efectos adversos del cambio climático. En ese sentido, para implementar la Agenda 2030 y alcanzar los objetivos, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), como ente rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN), es el responsable de realizar el seguimiento y monitoreo del progreso de los ODS, realizando trabajos coordinados e implementando un sistema para este fin. Asimismo, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), como organismo técnico especializado del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan), ha desarrollado una propuesta de imagen de futuro del Perú al 2030 que aborda las cinco esferas del desarrollo sostenible.

Con la finalidad de dar cuenta de los avances en la implementación de la Agenda 2030, en el año 2017 el Perú presentó su primer Informe Nacional Voluntario sobre la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible[4], en el que el gobierno reafirmó su compromiso para la implementación y el logro de los ODS, además de explicar sobre la organización del país para alcanzar las metas.

Figura 1.3. Propuesta de imagen de futuro al 2030

Fuente: Ceplan. (2020).

En 2018 se aprobó la Política General del Gobierno, que contiene cinco ejes interrelacionados, como se presenta en la siguiente figura.

Figura 1.4. Ejes de la política general de gobierno

Fuente: Ceplan. (2020).

1.3. Compromisos internacionales

1.3. Compromisos internacionales

Frente a la problemática ambiental global, el Perú participa activamente en diversos foros y cumbres ambientales internacionales y se ha suscrito o adherido a un importante número de acuerdos y convenios internacionales, entre los que destacan los siguientes:

1.3.1. Vinculados con la biodiversidad

1.3.1.1. Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)[5]

El CDB, adoptado en Rio de Janeiro el año 1992, es un tratado internacional jurídicamente vinculante con tres objetivos principales: (i) la conservación de la diversidad biológica; (ii) la utilización sostenible de sus componentes, y (iii) la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible.

El CDB fue aprobado en el Perú mediante Resolución Legislativa n.° 26181, y entró en vigor para el Perú el 29 de diciembre de 1993. Actualmente, el Punto Focal del CBD en el Perú es compartido entre el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE). A continuación, se detallan los Acuerdos Complementarios al CDB, de los cuales el Perú es parte y que han entrado en vigor.

a. El Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del convenio sobre diversidad biológica (Protocolo de Cartagena)[6]

El citado protocolo es un acuerdo internacional que busca asegurar la manipulación, el transporte y el uso seguros de los organismos vivos modificados (OVM) que resultan de la aplicación de la tecnología moderna y que pueden tener efectos adversos en la diversidad biológica, considerando al mismo tiempo los posibles riesgos para la salud humana. Fue aprobado en el Perú mediante Resolución Legislativa n.° 28170, y entró en vigor para el Perú el 13 de julio de 2004.

El MINAM es la instancia de coordinación intersectorial en materia de bioseguridad (Ley n.° 27104), Punto Focal Nacional del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología y autoridad competente para la implementación de la Ley de Moratoria al ingreso de OVM en el territorio nacional.

b. Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica (Protocolo de Nagoya)[7]

El Protocolo de Nagoya es un acuerdo complementario al CDB. Proporciona un marco jurídico transparente para la aplicación efectiva de uno de sus tres objetivos: la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. El citado protocolo fue aprobado en el Perú mediante Resolución Legislativa n.° 30217 y entró en vigor para el Perú el 12 de octubre del 2014. El MINAM es el ente rector en materia de acceso a los recursos genéticos, y además, es punto focal nacional del Protocolo de Nagoya.

1.3.1.2. Convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas (Convención Ramsar)[8]

La Convención Ramsar es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. El Estado peruano, reconociendo la importancia de los humedales, ratificó esta Convención a través de la Resolución Legislativa n.° 25353 del 23 de noviembre de 1991 y entró en vigor en el Perú el 30 de marzo de 1992.

En 2013 se crea la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente, denominada Comité Nacional de Humedales (CNH), mediante el Decreto Supremo n.° 005-2013-PCM, instancia encargada de promover la gestión adecuada de los humedales en el Perú, así como el seguimiento a la implementación de los compromisos derivados de la Convención Ramsar.

1.3.1.3. Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre (Cites)

Esta convención entró en vigor para el Perú el 25 de setiembre de 1975. Para la aplicación de la Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, por sus siglas en inglés), el Perú cuenta con un reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo n.° 030-2005-AG y modificado por el Decreto Supremo n.° 001-2008-MINAM, el cual establece al MINAM como autoridad científica Cites-Perú y a las autoridades administrativas Cites. Su finalidad es mantener la sostenibilidad de las especies de fauna y flora silvestre, de tal forma que el comercio internacional de estas no constituya una amenaza para su supervivencia. La lista de las especies incluidas en las regulaciones Cites se distribuyen en tres apéndices, según el grado de protección que necesiten.

1.3.1.4. Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres (CMS)

El CDB ha reconocido a la CMS (Convention on the Conservation of Migratory Species, por sus siglas en inglés) como el socio principal en la conservación y utilización sostenible de las especies migratorias en toda su área de distribución, e insta a las partes a que integren plenamente las necesidades de las especies migratorias en sus estrategias y planes de acción nacionales de biodiversidad.

El Perú es parte signataria de la Convención CMS desde 1997. Dicha convención, cuya implementación está a cargo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el MINAM y el Ministerio de la Producción (Produce), establece como principios fundamentales aspectos relacionados con la conservación de las especies migratorias y de las medidas a aplicar para este fin por los Estados del área de distribución, priorizando los esfuerzos por conceder una protección inmediata a las especies migratorias.

1.3.2. Vinculados con sustancias químicas

1.3.2.1. Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación

Este Convenio fue aprobado mediante Resolución Legislativa n.° 26234 en el año 1993, y en el plano nacional se promueve su aplicación, a través de lo dispuesto en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Art. 38 y 42), aprobada mediante Decreto Legislativo n.° 1278 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo n.° 014-2017-MINAM, así como la Ley n.° 28256, Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (en su primera disposición final) y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo n.° 021-2008-MTC (Art. 16 y 18).

El objetivo general de este convenio es proteger la salud humana y el ambiente contra los efectos adversos de los residuos peligrosos. Su alcance de aplicación abarca un amplio rango de residuos definidos como “residuos peligrosos” (incluidos en los anexos del texto del convenio basándose en su origen o composición y sus características) y como “residuos que requieren una consideración especial”. Además, este convenio busca prevenir el tráfico ilícito de residuos.

El punto focal para el Perú del Convenio de Basilea es el viceministerio de Gestión Ambiental (VMGA) del MINAM, mientras que las autoridades competentes (autoridades responsables de la aplicación del convenio en el país) son el viceministro o viceministra de Gestión Ambiental del MINAM y el director o directora general de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud (Minsa).

1.3.2.2. Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional

El Convenio de Rotterdam fue ratificado por el Perú mediante Decreto Supremo n.° 058-2005-RE. Su objetivo es promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las partes en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente frente a posibles daños y contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando el intercambio de información acerca de sus características, estableciendo un proceso nacional de adopción de decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo esas decisiones a las partes.

En ese sentido, y con el fin de operativizar la aplicación del convenio, se cuenta con un punto de contacto oficial que corresponde al director o directora de Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como autoridades nacionales designadas que son el viceministro o viceministra de Gestión Ambiental del MINAM (para plaguicidas y químicos industriales), el director o directora general de la Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) (para plaguicidas) y el director o directora general de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria del Minsa (para plaguicidas y químicos industriales).

En el Anexo III del Convenio de Rotterdam se incluyen los plaguicidas y productos químicos industriales que han sido prohibidos o severamente restringidos por razones sanitarias o ambientales, por dos o más partes, que la Conferencia de las Partes decidió incluir en el procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo (PIC por sus siglas en inglés). A la fecha, hay un total de 52 químicos listados en el mencionado Anexo III, 35 pesticidas (incluyendo tres formulaciones de pesticidas severamente peligrosas), dieciséis químicos industriales y un químico en las categorías de pesticidas y químicos industriales.

1.3.2.3. Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes

Este convenio fue ratificado por el Perú mediante Decreto Supremo n.° 067-2005-RE y tiene como objetivo proteger la salud humana y el ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes (COP). Actualmente, el Convenio de Estocolmo cuenta con un punto de contacto oficial que corresponde al director o directora de Medio Ambiente del MRE, perteneciente a la Dirección General para Asuntos Multilaterales y Globales, así como centros nacionales de coordinación presididos por el viceministro o viceministra de Gestión Ambiental del MINAM y el director o directora general de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria del Minsa.

El Convenio de Estocolmo considera tres anexos que incluyen productos químicos industriales y plaguicidas: el Anexo A (las partes deben hacer esfuerzos para eliminar la producción y el uso de los COP listados en este anexo), el Anexo B (las partes deben hacer esfuerzos para restringir la producción y el uso de los COP listados en este anexo), y el Anexo C (las partes deben hacer esfuerzos para reducir las liberaciones no intencionadas de los COP listadas en este anexo).

Desde la suscripción del convenio se estableció la realización de las Conferencias de las Partes, las cuales revisan y evalúan su implementación, así como realizan la consideración y adopción —según sea necesario— de enmiendas al convenio y sus anexos, por ejemplo, para enumerar nuevos productos químicos presentados por el Comité de Revisión de Contaminantes Orgánicos Persistentes.

1.3.2.4. Convenio de Minamata sobre el Mercurio

El Convenio de Minamata sobre el Mercurio es un instrumento internacional, que tiene como objetivo proteger la salud humana y el ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas y compuestos de mercurio. Dicho convenio fue firmado por el Perú el 10 de octubre de 2013 y aprobado el 27 de octubre de 2015 mediante Resolución Legislativa n.° 30352. La ratificación del instrumento se realizó el 25 de noviembre de 2015, a través del Decreto Supremo n.° 061-2015-RE[9], el cual entró en vigencia para el Perú el 16 de agosto de 2017. El artículo 20 del citado convenio establece que cada Parte, después de efectuar una evaluación inicial, podrá elaborar y ejecutar un plan de aplicación, teniendo en cuenta sus circunstancias nacionales, a fin de cumplir las obligaciones contraídas con arreglo al convenio.

1.3.3. Vinculados con la protección de la atmósfera y el clima

1.3.3.1. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)

El Perú es país parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) desde 1992 y en 1993 ratificó dicho tratado internacional, confirmando oficialmente el compromiso del país de contribuir al objetivo de la convención de “estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera y evitar llegar a un nivel de interferencia antropogénica peligrosa”. El Perú aprobó este compromiso de incorporarse al Protocolo de Kioto mediante la Resolución Legislativa n.° 27824, ratificándola en 2002 a través del Decreto Supremo n.° 080-2002-RE. El punto focal en el Perú es el MINAM.

a. Protocolo de Kioto

Pone en funcionamiento la CMNUCC, comprometiendo a los países industrializados a limitar y reducir las emisiones de GEI de conformidad con las metas individuales acordadas. La propia convención solo pide a esos países que adopten políticas y medidas de mitigación y que informen periódicamente. El Perú aprobó el compromiso de incorporarse al Protocolo de Kioto mediante la Resolución Legislativa n.° 27824, ratificándola en 2002 a través del Decreto Supremo n.° 080-2002-RE. El punto focal en el Perú es el MINAM.

b. Acuerdo de París

En la Conferencia 21 de las partes de CMNUCC (COP21) realizada en diciembre de 2015 en París (Francia) y sobre la base de las acciones y negociaciones realizadas en el marco de la Agenda Lima-París (Lima-Paris Action Agenda), 195 naciones aprobaron por unanimidad un acuerdo global sin precedentes para combatir el cambio climático e impulsar medidas e inversiones para un futuro bajo en emisiones de carbono, resiliente y sostenible: el llamado Acuerdo de París.

Este acuerdo entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, después de que al menos 55 países, que representan el 55 % del total de las emisiones mundiales de GEI depositaron sus instrumentos de ratificación. Los objetivos del acuerdo son mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de temperatura en 1,5 °C. Adicionalmente, plantea aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de GEI, así como situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo bajo estas características.

El acuerdo señala que todas las partes deberán realizar esfuerzos ambiciosos relacionados con sus contribuciones nacionales determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), que son comunicados cada cinco años y constituyen la respuesta mundial al cambio climático. Además, indica que las partes se proponen lograr que las emisiones mundiales de GEI alcancen su punto máximo lo antes posible, llevando en consideración que los países en desarrollo tardarán más en lograrlo, y que, a partir de ese momento, las emisiones de GEI deberían reducirse rápidamente, de conformidad con la mejor información científica disponible sobre la base de la equidad y en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza. En julio de 2016, el Estado peruano demostró su liderazgo en la región al convertirse en el primer país hispanoamericano en ratificar el Acuerdo de París, mediante Decreto Supremo n.° 058-2016-RE.

1.3.3.2. Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono

El Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono es un acuerdo ambiental multilateral. Se firmó en la Conferencia de Viena de 1985 y entró en vigor en 1988. En términos de universalidad, es uno de los tratados más exitosos de todos los tiempos, pues ha sido ratificado por 197 estados (todos los miembros de Naciones Unidas, así como la Santa Sede, Niue y las Islas Cook), además de la Unión Europea. ​

Actúa como marco de los esfuerzos internacionales para proteger la capa de ozono. Aun así, no incluye objetivos legalmente vinculantes de reducción del uso de los clorofluorocarburos (CFC), los compuestos químicos principalmente responsables de la disminución de ozono. Estos objetivos se establecen en el Protocolo de Montreal, que acompaña al Convenio de Viena. Mediante las resoluciones legislativas n.° 24931 y n.° 26178, el Estado peruano ratificó el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, respectivamente.

a. Protocolo de Montreal

Es un acuerdo ambiental internacional que logró ratificación universal para proteger la capa de ozono de la tierra, con la meta de eliminar el uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO). De otro modo, aumentaría el riesgo de que altos niveles de radiación ultravioleta penetren en la tierra, lo que daría lugar a una mayor incidencia de cáncer de piel y cataratas oculares, afectaría los sistemas inmunológicos y tendría efectos negativos en las cuencas hidrográficas, las tierras agrícolas y los bosques.

1.3.4. Vinculados con la protección de la tierra y la agricultura

1.3.4.1. Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (CNULD)

En 1994 se adoptó la CNULD, por lo que el Perú cuenta con un Programa de Acción Nacional para la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que data de 1996 y que se encuentra en proceso de actualización conducido por la Comisión Nacional de Desertificación y Sequía (creada mediante Decreto Supremo n.° 022-2006-AG). La convención elaboró un Plan Estratégico Decenal 2008-2018, con objetivos estratégicos que permitan gestionar la degradación de tierras de forma integral en cada país donde fuese aplicado, así como objetivos operacionales para la marcación de hitos. El punto focal en el Perú es el MINAM.

1.3.5. Vinculados con organismos internacionales y regionales

1.3.5.1. En el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

En diciembre de 2014, en la ciudad de Veracruz (México), se suscribió un Acuerdo entre el Perú y la OCDE que fue ratificado mediante Decreto Supremo n.° 004-2015-RE en febrero de 2015. Dicho acuerdo incluye un Memorándum de Entendimiento relativo a la implementación de un Programa País que abarca una serie de objetivos y actividades con el fin de lograr una mayor vinculación con la OCDE, tales como revisiones y estudios, participación en comités al interior de la OCDE, así como promoción de adhesiones del Perú a instrumentos legales y jurídicos de la OCDE.

Como parte de los compromisos asumidos en el Programa País, en octubre del año 2015 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) suscribió la adhesión del Perú a la Declaración sobre el Crecimiento Verde[10]. Con ello, el Perú asume el compromiso de “fortalecer los esfuerzos para buscar estrategias de crecimiento verde […], fomentar la inversión verde y la gestión sostenible de los recursos naturales [y] reconocer el valor de la diversidad biológica […], asegurando una estrecha coordinación de las medidas de crecimiento verde con las políticas de mercado de trabajo y formación de capital humano[11].

Así también, en el marco de la implementación del Programa País, se elaboró el Estudio de Desempeño Ambiental en el Perú 2003-2013 (EsDA) en agosto de 2015 (MINAM, 2015a), que da cuenta sobre los principales avances del país en materia de desarrollo sostenible y cómo los aspectos ambientales han sido integrados en las políticas de crecimiento económico e inclusión social. Este documento muestra información y análisis respecto de las principales tendencias ambientales; entorno de formulación de políticas; economía, sociedad y ambiente; cooperación y compromisos internacionales; aire; gestión de residuos y sustancias químicas; agua; biodiversidad; sector agropecuario y silvicultura; sector pesca y recursos hidrobiológicos[12].

El EsDA sirvió de insumo para la Evaluación de Desempeño Ambiental (EDA), la cual se realizó por una misión conformada por la OCDE y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en mayo de 2016 y cuyo objetivo fue ayudar al país a evaluar los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos ambientales trazados. Como resultado de la mencionada evaluación, se emitieron 66 recomendaciones que apuntan a mejorar el desempeño ambiental del país y, de este modo, lograr una mayor aproximación a los estándares internacionales de la OCDE.

Contando con los resultados de la EDA, mediante Resolución Suprema n.° 004-2016-MINAM, se conformó el Grupo de Trabajo de la Comisión Multisectorial Ambiental encargado de revisar y evaluar las recomendaciones, así como de elaborar un plan de acción para su implementación. En virtud de ello, en junio de 2017, mediante Decreto Supremo n.° 005-2017-MINAM, se aprueba el Plan de Acción para implementar las recomendaciones de la EDA (MINAM, 2018a)[13], el cual tuvo como objetivo establecer una hoja de ruta a seguir por los sectores e instituciones vinculados con la temática ambiental en el país, con el fin de llevar a cabo las acciones necesarias que coadyuven a la implementación de las recomendaciones recogidas en dicha evaluación. Así en 2018, a través del Decreto Supremo n.° 014-2018-MINAM se establece que el MINAM sea la entidad responsable del seguimiento y monitoreo del Plan de Acción EDA. El Plan de Acción EDA contiene 735 acciones estratégicas (AE) que responden a las 66 recomendaciones de la EDA emitidas por la OCDE, y están organizadas en función de los ejes estratégicos y capítulos de la EDA, tal como se muestra a continuación:

Cuadro 1.0. Estructura del Plan de Acción EDA de acuerdo con las acciones estratégicas

Fuente: MINAM. (2018).

Las AE están distribuidas en horizontes temporales de corto, mediano y largo plazo (primer, tercer y quinto año, respectivamente) y su periodo de implementación va de julio de 2017 a junio de 2022. El cumplimiento de las mencionadas acciones está a cargo de 43 entidades públicas: catorce ministerios (incluido el MINAM), veinticinco organismos adscritos, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS), el Ministerio Público Fiscalía de la Nación (MPFN) y el Poder Judicial del Perú (PJ). Al segundo semestre de 2018, se contó con el primer reporte de seguimiento y monitoreo del Plan de Acción EDA (MINAM, 2019a) para el periodo comprendido entre julio de 2017 y junio de 2018, el cual se encuentra disponible en el portal del Sistema Nacional de Información Ambiental (Sinia)[14].

El segundo reporte de seguimiento y monitoreo del Plan de Acción EDA (MINAM, 2020a), consolida los resultados acumulados para el periodo de julio de 2017 a junio de 2019 y hace referencia al cumplimiento y avance de las AE en el corto, mediano y largo plazo[15]. Se han evaluado 735 AE (para uno, tres y cinco años), a través de 843 indicadores, de los cuales se ha cumplido con 119 (98 indicadores para el año 1, quince para el año 3 y seis para el año 5), lo que representa el 14 % del total.

El Perú sigue comprometido en formar parte de la OCDE; en ese sentido, el MINAM ha tenido una participación estratégica en los comités y grupos de trabajo de la OCDE, así como en el proceso de revisión de instrumentos jurídicos ambientales (72 – un tercio de total) de la OCDE. De igual modo, el país cuenta con los siguientes informes: el ya indicado Evaluación de Desempeño Ambiental en el Perú – EDA[16], el Estudio de cumplimiento regulatorio y fiscalizaciones en el sector ambiental del Perú (OCDE, 2020) y el informe país Gobernanza del agua en el Perú (OCDE, 2021).

Cuadro 1.1. Participación del MINAM en grupos de trabajo y comités de la OCDE

Fuente: MINAM. (s.f.).

1.3.5.2. Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Unea)

La Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Unea – The United Nations Environment Assembly, por sus siglas en inglés) es una de las reuniones internacionales sobre temática ambiental más importantes en el mundo y convoca a los 193 Estados Miembros, entre los que figura nuestro país. La asamblea se reúne cada dos años en Nairobi, Kenia, para establecer prioridades para las políticas ambientales globales y desarrollar el derecho ambiental internacional.

Son más de veinte países que buscan una solución a la contaminación por plástico de un solo uso. El Perú forma parte del grupo de países con ideas afines que buscan una solución a la contaminación por plástico de un solo uso y el logro de un acuerdo global sobre plásticos, y ha reafirmado el compromiso de promover una gestión integral de los residuos plásticos bajo un enfoque de economía circular.

El Perú, junto a Ruanda, se ha comprometido a formar parte del grupo que redactará la propuesta de resolución que presentará ante la Quinta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA 5), sobre la necesidad de contar con un instrumento internacional acerca de la contaminación por plásticos, como un acuerdo global. La reunión de UNEA 5 se realizará en dos partes: la primera en febrero de 2021 (formato virtual) y la segunda en 2022 (en formato presencial)[17].

1.3.5.3. Coalición de Economía Circular para América Latina y el Caribe

A través del PNUMA, se ha recibido la propuesta para que el Perú lidere la Coalición de Economía Circular de América Latina y el Caribe, un espacio que ofrece la oportunidad de ampliar los esfuerzos nacionales y regionales en economía circular a través de la coordinación y la colaboración interministerial, intersectorial y multiactor entre los países.

Mediante la Política Nacional de Competitividad y Productividad (aprobada con Decreto Supremo n.° 345-2018-EF) y el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (aprobado con Decreto Supremo n.° 237-2019-EF), se ha generado en el Perú las condiciones para el tránsito hacia una economía circular. Para ello, se ha comprometido la implementación de hojas de ruta hacia una economía circular en los sectores de industria, agricultura, pesca y acuicultura, prioritariamente.

1.3.5.4. Alianza del Pacífico

La Alianza del Pacífico (AP) es un mecanismo que se estableció en junio de 2012 y promueve la integración económica y comercial de sus miembros (Chile, Colombia, México y Perú), como un instrumento eficaz para acelerar el desarrollo y bienestar de sus poblaciones. En julio de 2016, en la XI Cumbre de la AP en Puerto Varas, Chile, se aprobó la creación formal del Grupo Técnico de Medio Ambiente y Crecimiento Verde (GTMACV) que tiene como objetivo generar un espacio de diálogo entre los gobiernos que integran la AP y el sector privado, para desarrollar e implementar una agenda que impulse la sustentabilidad en la AP y oriente sus acciones hacia un crecimiento verde, de acuerdo con las características y realidades propias de cada país.

En ese marco, se acordó un Plan de Acción que establece como líneas de acción prioritarias las siguientes:

  • Identificar barreras y oportunidades entre el sector público y privado para avanzar hacia el crecimiento verde.
  • Dialogar y delinear acciones en conjunto que permitan promover e impulsar la elaboración e implementación de los compromisos en materia ambiental y de crecimiento verde.
  • Desarrollar actividades de cooperación entre los gobiernos y el sector privado.
  • Desarrollar una plataforma para articular y promover una agenda de crecimiento verde común, que aborde las prioridades ambientales compartidas y que contribuya con la implementación de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible y los ODS, avanzando en sistemas de información, medición e indicadores.

Los presidentes de los países miembros de la AP, reunidos en Lima en julio de 2019 con ocasión de la XIV Cumbre Presidencial, suscribieron la Declaración Presidencial de la AP sobre la Gestión Sostenible de los Plásticos, en la cual se comprometieron a trabajar en el análisis y desarrollo de iniciativas que contribuyan a la gestión integral del plástico, incluyendo temáticas como la regulación de plásticos de un solo uso, innovación, investigación y desarrollo, entre otras.

1.3.5.5. Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA)[18]

La OTCA es una organización intergubernamental constituida por ocho países miembros: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, que incentiva el desarrollo sostenible y la inclusión social de la región. La Comisión Nacional Permanente Peruana de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (CNPP/OTCA) es la más alta instancia nacional de asesoramiento, concertación y coordinación de políticas programas orientados a lograr el desarrollo sostenible de la Amazonía peruana en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) y de la OTCA.

Uno de los objetivos fundamentales es impulsar el desarrollo sostenible de la región amazónica por medio de la coordinación, desarrollo, promoción y ejecución de programas, proyectos y actividades. Las áreas de acción que los países han definido para trabajar están íntimamente ligadas a los tesoros que la Amazonía posee y la necesidad de conservarlos y procurar su gestión integral. Entre sus principales ejes de trabajo se encuentran:

  • La protección, conservación y gestión sostenible/sustentable de los bosques y de la biodiversidad
  • La inclusión y participación de los pueblos indígenas y comunidades tribales en la gestión de sus recursos y en la protección de sus conocimientos tradicionales.
  • El manejo integrado y el uso sostenible de los recursos hídricos como recurso estratégico.
  • Mejorar la calidad de vida de las poblaciones amazónicas y promover acciones necesarias que, de manera inclusiva, aporten al mejoramiento de la salud en la región.
  • Gestión del conocimiento e intercambio de información.
  • Acciones conjuntas para hacer frente a los impactos del cambio climático en la región.

1.3.5.6. Organización Marítima Internacional

La Organización Marítima Internacional (OMI) es el organismo especializado de las Naciones Unidas cuyo principal objetivo es generar un sistema de cooperación entre los gobiernos en el ámbito de la reglamentación y las prácticas gubernamentales relativas a la navegación comercial internacional, la seguridad marítima, la eficiencia de la navegación, la protección de buques e instalaciones portuarias, y la prevención y contención de la contaminación del mar ocasionada por los buques o embarcaciones de grandes dimensiones.

En el año 2001, el Perú constituye de manera permanente la Comisión Consultiva Técnica Multisectorial sobre Asuntos de la OMI[19] (en adelante, COMI), encargada de evaluar y efectuar el seguimiento de los convenios internacionales formulados dentro del marco de la OMI, así como estudiar la temática especializada marítima vinculada con aquellos, con el fin de recomendar la posición nacional y las acciones a tomar ante dicho organismo internacional.

La organización está compuesta por una asamblea, un consejo y cinco comités principales: el Comité de Seguridad Marítima, el Comité de Protección del Medio Marino, el Comité Jurídico, el Comité de Cooperación Técnica y el Comité de Facilitación, y una serie de subcomités que apoyan la labor de los principales comités técnicos.

1.3.5.7. Pacto de Leticia por la Amazonía

Este pacto reafirma los derechos soberanos de los países de la región amazónica, sus territorios y sus recursos naturales, incluyendo el desarrollo y el uso de sus recursos conforme es reconocido por los derechos internacionales. La convocatoria a una Cumbre Presidencial por la Amazonía se produce en cumplimiento de uno de los acuerdos del V Gabinete Binacional de los gobiernos de Colombia y Perú, realizado en la ciudad de Pucallpa, Ucayali, como una respuesta a los incendios forestales que afectaron la Amazonía en Brasil y Bolivia.

Así, en setiembre de 2019, en Leticia (Colombia), los presidentes de Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, el vicepresidente de Surinam, el canciller de Brasil y el ministro de Recursos Naturales de Guyana firmaron el Pacto de Leticia por la Amazonía, con el fin de unir esfuerzos en beneficio de la conservación y el uso sostenible de la región amazónica.

Este pacto contribuye a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y sus bosques húmedos tropicales, como proveedor de servicios ecosistémicos esenciales para el desarrollo sostenible de las poblaciones amazónicas, a través de su Plan de Acción adoptado en Madrid en diciembre de 2019. Las acciones contenidas en dicho plan están distribuidas en cinco grandes ejes de trabajo:

  • Eje I: Reforestación, conservación, uso sostenible de los bosques y la biodiversidad y promoción de la bioeconomía
  • Eje II: Seguridad amazónica
  • Eje III: Gestión de la información y del conocimiento y reportes
  • Eje VI: Empoderamiento de las mujeres y pueblos indígena
  • Eje V: Financiamiento y cooperación internacional

1.3.6. Vinculados con otras declaraciones o iniciativas

1.3.6.1. Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 (UNDRR, 2015) fue adoptado en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, realizada en Sendai (Japón) el 18 de marzo de 2015. Este marco es el resultado de consultas y negociaciones intergubernamentales, con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), a petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Asimismo, es un instrumento que sucede al Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015, y que, a diferencia de este, resalta la importancia en la gestión del riesgo de desastres en lugar de la gestión de desastres. Además, busca comprender mejor el riesgo de desastres en diferentes dimensiones de exposición, vulnerabilidad y características de las amenazas. Cabe señalar que el Marco de Sendai está interrelacionado con otros acuerdos de la Agenda 2030, como el Acuerdo de París sobre el cambio climático, la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre financiamiento para el desarrollo, la Nueva Agenda Urbana y los ODS.

El Marco de Sendai (UNDRR, 2015a) fomenta:

La reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto en vidas, medios de subsistencia y salud como en bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, las empresas, las comunidades y los países.

En este marco, el Perú también se encuentra comprometido, siendo la PCM quien lidera la gestión del riesgo de desastres en el país, y el INEI involucrado en los procesos de medición y registro de indicadores relativos a la reducción del riesgo de desastres, en su calidad de autoridad nacional estadística, en coordinación con las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd).

Figura 1.5. Marco de Sendai y su interrelación con los ODS

Fuente: UNDRR (2020).

1.3.6.2. Plataforma de acción de Beijing

Suscrita por el gobierno peruano durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada por las Naciones Unidas en setiembre de 1995, la Plataforma de Acción de Beijing constituye una hoja de ruta vigente para el logro de la igualdad de género en el mundo. En esta plataforma, a partir del reconocimiento de las “desigualdades basadas en el género en la gestión de los recursos naturales y la protección del medio ambiente” (n.° 44), se plantea la esfera de especial preocupación “La mujer y el medio ambiente”. En dicha esfera, se establecen tres objetivos estratégicos: (i) lograr la participación activa de la mujer en la adopción de decisiones relativas al ambiente en todos los niveles; (ii) integrar las preocupaciones y perspectivas de género en las políticas y programas en favor del desarrollo sostenible, y (iii) fortalecer o establecer mecanismos en los ámbitos regional, nacional e internacional, para evaluar los efectos de las políticas de desarrollo y medio ambiente en la mujer. Estos enmarcan planteamientos de diferentes medidas a ser adoptadas por los gobiernos.

1.3.6.3. Ocean Plastics Charter[20]

El 9 de junio de 2018, Canadá, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y la Unión Europea adoptaron la Carta sobre los Plásticos en los Océanos para demostrar su compromiso de tomar medidas concretas y ambiciosas para abordar el problema de basura marina en los océanos. Este documento reúne a los principales gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil que se comprometen con un enfoque de ciclo de vida más eficiente en el uso de recursos para la administración de plásticos en tierra y mar, y a adoptar medidas para avanzar hacia un enfoque más sostenible y eficiente en el uso de recursos para la gestión de plásticos. El Perú, junto con otros países, se ha adherido a esta iniciativa.

1.3.6.4. El compromiso global de la nueva economía del plástico[21]

Este compromiso une a empresas, gobiernos y otras organizaciones detrás de una visión y objetivos comunes para abordar los desechos plásticos y la contaminación en su origen. El compromiso global está dirigido por la fundación Ellen MacArthur, en colaboración con el PNUMA. El compromiso global ya ha movilizado a más de 450 signatarios (empresas, gobiernos y otras organizaciones de todo el mundo), que están decididos a comenzar a construir una economía circular para el plástico. Entre ellas se incluye a empresas que representan el 20 % de todos los envases de plástico producidos en el mundo. Cabe indicar que, en marzo de 2019, el MINAM se unió a dicha iniciativa.

1.3.6.5. Declaración sobre los Niños, Niñas, Jóvenes y la Acción Climática[22]

El Perú, junto al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), promovió la adopción de un texto que reafirma el derecho de niños y jóvenes a un ambiente sano, busca alertar sobre los efectos del cambio climático en este grupo poblacional, alienta a incluir medidas que tomen en cuenta los intereses de niños y jóvenes en las políticas climáticas y en las NDC, y alienta a tomar medidas para promover su participación. Es la primera vez que se adopta en este espacio un texto sobre este tema. La declaración fue apoyada por Chile, Costa Rica, Eslovenia, Fiji, Luxemburgo, Mónaco, Nigeria, Suecia, España y el Perú.

1.3.6.6. Declaración por la Restauración[23]

La declaración apoya la actualización de las metas de la Iniciativa Regional de Restauración (Iniciativa 20×20), que busca la restauración de 30 millones de hectáreas adicionales hasta el 2030 (50 millones de hectáreas en total) y la inclusión de estas metas como un elemento importante y complementario de los NDC de los países de la región. Asimismo, reitera el papel esencial de la restauración de los paisajes terrestres, marinos y de aguas continentales, para proteger, mantener y recuperar la provisión de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad, generar empleo, mejorar la productividad de los territorios rurales y promover el secuestro de carbono en todos los reservorios.

1.3.6.7. Principios de San José[24]

La declaración reafirma el compromiso de los países firmantes por asegurar la integridad medioambiental y permite la mayor ambición posible en el ámbito de la mitigación. Entre los principios que recoge resaltan el de asegurar que evite la doble contabilidad, y que el uso de los mercados hacia objetivos climáticos internacionales esté sujeto a los correspondientes ajustes; prohibir el uso de unidades anteriores a 2020, unidades y derechos de emisión de Kioto, y cualquier otra reducción subyacente, usar CO2 equivalente como unidad de medida para declarar y contabilizar emisiones y reducción, aplicando por completo los principios de transparencia, exactitud, consistencia, comparabilidad y compleción; utilizar infraestructura accesible central y públicamente, así como sistemas para recopilar, seguir y compartir la información necesaria para una contabilidad robusta y transparente, entre otros.

Los países firmantes son Costa Rica, Suiza, Belice, Colombia, Paraguay, Perú, Islas Marshall, Vanuatu, Luxemburgo, Islas Cook, Alemania, Suecia, Dinamarca, Austria, Granada, Estonia, Nueva Zelanda, España, Irlanda, Letonia, Países Bajos, Noruega, Eslovenia, Bélgica, Fiji, Portugal, Francia, Reino Unido, Italia, Finlandia, Trinidad y Tobago y Tuvalu.

1.3.6.8. Alianza climática para el aumento de ambición de las NDC en el año 2020 y carbono neutralidad para el 2050[25]

Se trata de una iniciativa compuesta por actores estatales y no estatales comprometidos con la reducción de emisiones. Con el Perú, son 73 los países que han manifestado su intención de presentar unas NDC reforzadas y reflejarlo en sus planes nacionales de aquí a 2020. También forman parte de esta iniciativa catorce regiones, 398 ciudades, 786 empresas y dieciséis inversores. El Perú ha anunciado de ser carbono neutral al 2050 y aumentar su ambición en 35 %.

1.3.6.9. Pacific Rim Ocean-Climate Action Partnership[26]

El Perú se unió a esta iniciativa durante la 25 Conferencia de las partes (COP25) de Madrid, impulsada por Fiji, Costa Rica, el estado de California y otros actores nacionales y subnacionales, como por Ocean Conservancy, con el fin de incrementar la ambición para la reducción de las emisiones de GEI, maximizar medidas de mitigación sostenible basadas en el papel del océano, y apoyar la resiliencia del océano y los ecosistemas costeros, como también las comunidades y economías más afectadas por los cambios del océano y el cambio climático.

1.3.6.10. Declaración Conjunta de Intención (DCI)[27]

En 2014, el Perú suscribió con los gobiernos de Noruega y Alemania, la Declaración Conjunta de Intención (DCI), un acuerdo voluntario de cooperación que contribuye con los esfuerzos peruanos en el diseño e implementación de políticas públicas, en el ámbito nacional y regional, para la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques (REDD+).

Se constituye en un acuerdo que permite implementar la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC) y cumplir con las NDC, promoviendo el desarrollo sostenible en el Perú y la construcción de paisajes forestales sostenibles. La DCI plantea tres fases: la de preparación (fase I), la de transformación (fase II) y la de pago por resultados (fase III).

1.3.6.11. Tropical Forest Alliance[28]

Es una plataforma de asociación de múltiples partes interesadas iniciada para apoyar la implementación de los compromisos del sector privado para eliminar la deforestación de las cadenas de suministro de aceite de palma, carne de res, soja y pulpa de papel. Organizados por el Foro Económico Mundial, nuestros más de 170 socios de la alianza incluyen empresas, entidades gubernamentales, sociedad civil, pueblos indígenas, comunidades locales y organizaciones internacionales, que trabajan juntos a través de la Acción Colectiva Positiva para los Bosques para avanzar en la transición mundial hacia cadenas de suministro de productos básicos libres de deforestación. El Perú forma parte de esta iniciativa desde 2019.

1.3.6.12. The Global Commission on Adaptation[29]

La Comisión Global de Adaptación fue lanzada en La Haya el 16 de octubre de 2018 por el octavo Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Establecida por el primer ministro Mark Rutte de los Países Bajos y los líderes de otros veintidós países convocantes, la comisión se lanzó con el mandato de acelerar la adaptación, aumentando la visibilidad política de la adaptación y centrándose en soluciones concretas. La adhesión del Perú a la Comisión Global de Adaptación se dio en octubre de 2019.

1.3.6.13. High Ambition Coalition for People and Planet (HAC)[30]

Es un grupo intergubernamental de más de 57 países copresidido por Costa Rica y Francia y por el Reino Unido, que defiende un acuerdo global para la naturaleza y las personas con el objetivo de proteger al menos el 30 % de la tierra y los océanos del mundo para 2030. El objetivo 30×30 es un objetivo global cuya finalidad es detener la pérdida acelerada de especies y proteger ecosistemas vitales, que son la fuente de nuestra seguridad económica.

1.3.6.14. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Instituto Global para el Crecimiento Verde

El Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI, por sus siglas en inglés) es una organización internacional que tiene como objetivo primordial promover el desarrollo sostenible en países en vías de desarrollo y países emergentes, incluyendo los menos desarrollados, así como la difusión de un modelo de crecimiento económico denominado “crecimiento verde” que integra fines económicos tales como la reducción de la pobreza, la creación de oportunidades y el desarrollo social con fines ambientales, la sostenibilidad de fuentes de energía y agua potable, y la seguridad.

El MINAM ha venido coordinando con el GGGI actividades a efectos de diseñar e implementar la Estrategia de Crecimiento Verde, cuyo objetivo es promover el desarrollo sostenible del país a través del fomento de un crecimiento económico con mayor competitividad, respeto al ambiente e inclusión social.

[1] El sexto informe, Perspectivas del medio ambiente mundial (GEO 6 de 2019), centrado en el tema “Un planeta sano para una población sana”, presentado en 2019, evalúa desde la ciencia la salud ambiental del planeta y hace un llamado a los tomadores de decisiones para que se aborden de inmediato los problemas ambientales que nos enfrentamos, con el fin de lograr los ODS establecidos en la Agenda 2030.

[2] Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2019a).

[3] https://environmentlive.unep.org/statistics

[4] https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/peru-informenacionalvoluntario/

[5] https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/Tratados_Multilateral.xsp?action=openDocument&documentId=2B06

[6] http://bch.cbd.int/protocol/

[7] https://www.cbd.int/abs/

[8] https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/current_convention_s.pdf

[9] El depósito del instrumento de ratificación ante el Secretario General de las Naciones Unidas se realizó el 21 de enero de 2016.

[10] Declaration on Green Growth (Declaración sobre Crecimiento Verde), adoptada en la Reunión del Consejo en Nivel Ministerial de la OCDE, realizada el 25 de junio de 2009. C/MIN (2009)5/ADD1/FINAL

[11] Op. cit.

[12] Resolución Ministerial n.° 069-2015-MINAM. Crear el grupo de trabajo encargado de la Elaboración del Estudio de Desempeño Ambiental en el marco de compromisos asumidos con la OCDE.

[13] https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/06/Plan-de-Acci%C3%B3n_-DS005-2017-MINAM-1.pdf

[14] https://sinia.minam.gob.pe/documentos/primer-reporte-seguimiento-monitoreo-plan-accion-implementar-las

[15] https://sinia.minam.gob.pe/documentos/segundo-reporte-seguimiento-monitoreo-plan-accion-implementar-las

[16] En 2016, la Cepal y la OCDE realizaron la EDA en el Perú, formulando 66 recomendaciones dirigidas a concientizar a los actores que contribuyen al desarrollo económico, ambiental y social del Perú.

[17] https://www.unep.org/environmentassembly/es/unea5

[18] http://www.otca-oficial.info/ y http://www.cnpp-otca.gob.pe/

[19] Resolución Suprema n.° 215-2001-RE. Constituyen la Comisión Consultiva Técnica Multisectorial sobre Asuntos de la Organización Marítima Internacional – OMI.

[20]https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/managing-reducing-waste/international-commitments/ocean-plastics-charter.html

[21] https://www.newplasticseconomy.org/projects/global-commitment

[22] https://www.voicesofyouth.org/es/campaña/cop25-declaracion-sobre-los-ninos-ninas-jovenes-y-la-accion-climatica

[23]https://initiative20x20.org/sites/default/files/inline-files/Declaración%20evento%20restauración%20COP25_pub%20web_0.pdf

[24] https://cambioclimatico.go.cr/press-release-leading-countries-set-benchmark-for-carbon-markets-with-san-jose-principles/

[25] https://cop25.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/04/Alianza-11122019-ESPAÑOL.pdf

https://cop25.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/01/Anexo-I-II-ESP.pdf

[26] https://oceanconservancy.org/wp-content/uploads/2019/12/PROCAP_COP25_FINAL.pdf

[27] https://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/dci/#:~:text=La%20Declaraci%C3%B3n%20Conjunta%20de%20Intenci%C3%B3n,los%20bosques%20en%20el%20Per%C3%BA.

[28] https://www.tropicalforestalliance.org/en/collective-action-agenda/partners/

[29] https://gca.org/about-us/the-global-commission-on-adaptation/

[30] https://www.hacfornatureandpeople.org/hac-members